Expedientes de responsabilidades políticas de los hermanos Lapeña Altabás en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
El día 17 de julio de 2018 comenzaron en el Valle de los Caídos los trabajos para exhumar los restos mortales de los aragoneses Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás. Estos vecinos de Villarroya de la Sierra (Zaragoza) fueron fusilados por los militares sublevados en el año 1936 y trasladados en el año 1959 sin conocimiento ni autorización de sus familiares a una de las criptas del monumento mandado construir por Francisco Franco en el municipio de San Lorenzo de El Escorial. Esta será la primera exhumación de los restos depositados en este polémico mausoleo.
Con esta nota, se quiere dar a conocer el proceso de extorsión que soportaron los padres, mujer e hijos de Manuel y Antonio Ramiro, así como la criminalización de su nombre y reputación producida tras su asesinato. Para ello nos basaremos en los expedientes de responsabilidades políticas abiertos a estos dos hermanos en el año 1937 y conservados en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.
Con ello queremos también reivindicar la importancia que tienen los archivos en el proceso de recuperación de nuestra memoria democrática como fuente obligatoria para el estudio y conocimiento tanto de los hechos acontecidos como de las personas e instituciones que los protagonizaron.
El 27 de julio de 1936 Manuel Lapeña Altabás, veterinario de Villarroya de la Sierra (Zaragoza) era detenido. Pocos días después fue fusilado en el barranco de la Bartolina en Calatayud y enterrado en una fosa común. Tres meses más tarde, el 20 de octubre de 1936, su hermano Antonio Ramiro, herrador de profesión, era fusilado en la tapia del cementerio municipal de Calatayud. No hubo juicio ni condena alguna, tampoco se registraron sus muertes y mucho menos se informó a sus familiares de lo ocurrido y del lugar donde yacían sus restos. Oficialmente pasaron a ser desaparecidos.
Cuando lo mataron Manuel tenía 44 años y cuatro hijos (Carlos de 13 años, Elisa de 11 años, Manuel y Amelio de 7 años). Su mujer había muerto pocos meses antes en el malogrado parto de su quinta hija. Por su parte Antonio Ramiro tenía 39 años, estaba casado y tenía dos hijos (Remedios de 7 años y Manuel de 4 años).
La violencia física extrema sufrida por los hermanos Lapeña y ejecutada al calor de los primeros momentos de la sublevación militar fue seguida de una represión fría y burocratizada cuyas víctimas serán sus familiares más directos. Gracias a los expedientes de responsabilidades políticas conservados en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza podemos conocer los procesos de extorsión que soportaron los padres, mujer e hijos de Manuel y Antonio Ramiro, así como la criminalización de su nombre y reputación. Unos procesos esperpénticos en los que participó un denso entramado de instituciones civiles, judiciales y militares, y que a su vez contó con la colaboración de vecinos y autoridades locales.
Así, el 27 de noviembre de 1937, cuando ya había pasado más de un año de sus muertes, la Comisión Provincial de Incautaciones de Zaragoza inicia los correspondientes procedimientos judiciales para depurar las responsabilidades exigibles a Manuel y a Antonio Ramiro Lapeña Altabás “como consecuencia de su oposición al triunfo del movimiento nacional”. La instrucción de ambos casos será encomendada al juez de Ateca Luis Cosculluela Arcarazo.
Las primeras actuaciones tuvieron por objeto localizar a los hermanos, obligando a comparecer ante Gabino Aranda Grima, juez municipal de Villarroya, tanto a su madre Florentina Altabás como a la mujer de Antonio Ramiro. La primera declarará que su hijo Manuel “fue hecho prisionero por la Guardia Civil en los primeros días del actual Movimiento Nacional y ya no han tenido en casa ninguna noticia por lo que ignora su paradero.” Por su parte Esperanza Joven Muñoz declaró que desconocía el paradero de su marido “pues este fue detenido por la Guardia Civil después de haber estado huido más de 2 meses y ya no ha sabido nada más”.
El proceso siguió con los preceptivos informes del comandante del puesto de la Guardia Civil y de Matías Remacha, alcalde de la localidad, quienes acusaron a Manuel de haber constituido los centros de la CNT en Villarroya, Torrijo de la Cañada y Clarés de Ribota así como de tener ideas antirreligiosas. Bienvenido Moreno, cura párroco de Villarroya, emitió un informe cargado de animadversión hacia el inculpado, de quien dijo que “fue el fundador de la CNT y el causante por lo tanto de todo el mal que ha venido a este pueblo, pues supo engañar a la juventud, arrastrándola por estos derroteros tan nefastos; era un tipo verdaderamente cretino, funestísimo por todos los conceptos que fue fusilado”. Por su parte, estas mismas autoridades locales informaron de la pertenencia de Antonio Ramiro a la CNT formando parte de su junta directiva.
El juez municipal también recogió las declaraciones de tres vecinos “de reconocida solvencia moral y política”. Estos fueron Marcelo Martínez Gracia, José María Cubero Castejón y Pedro José Aguarón Pérez, quienes culparon a Manuel de propagar ideas comunistas, de fundar el centro de la CNT y de estar en contra de la iglesia católica. En parecidos términos se refirieron a su hermano, de quien dijeron había ocupado cargos en la junta directiva de la CNT y la FAI.
En abril de 1938, y ante los supuestos indicios de culpabilidad, se estableció el embargo provisional de los bienes de los dos hermanos. En este proceso se vuelve a tomar declaración sobre su conducta y actuación política a otros tres vecinos del pueblo. En esta ocasión fueron Marcos Millán Sayas, Juan José Zubía Carnicer y Aquilino Cisneros Alcacín quienes declararon contra Manuel, atribuyéndole la propagación de ideas marxistas, la creación de un centro anarquista y de ser contrario a la religión católica. Así mismo reconocieron que fue detenido por la guardia civil al comienzo de la guerra desconociendo su paradero. Los dos primeros anteriormente citados, junto a Ramón Morlanes López, testificaron contra Antonio Ramiro, de quien dijeron ser de ideas extremistas, afiliado a la FAI y que a los pocos días de la sublevación militar había huido al monte donde permaneció dos meses hasta que se entregó a las autoridades.
La investigación realizada demostró que los bienes de Manuel se reducían a una pequeña finca de 9 áreas valorada en 500 pesetas. Esta propiedad será embargada, dejando su administración en manos de Baltasar García Borlones, vecino de Villarroya. Más desfavorecida era la situación económica de Antonio Ramiro al carecer de bienes.
En noviembre de 1938 la Comisión Provincial de Incautaciones de Zaragoza consideró probado que Antonio Ramiro “era de ideas extremistas, afiliado a la CNT en cuya junta directiva local ejerció cargo, destacando por su actuación y conducta manifiestamente contraria al movimiento nacional, al promoverse este marchó huido al campo, siendo después detenido.” Se le fija una multa de 300 pesetas, pero al ser insolvente se procede al archivo del expediente.
Por lo que respecta a Manuel se consideró probado que era “de ideas extremistas, afiliado a la CNT y fundador de los centros de tal organización en Villarroya y en los pueblos limítrofes de Torrijo y Clarés, y que fue un activo propagandista del comunismo, valiéndose de su mayor cultura por ejercer la profesión de veterinario. Se le supone fusilado, pero no consta inscrita su defunción en el Registro Civil". Como responsable civil se le fija una sanción de mil pesetas. Un mes más tarde la Auditoría de la 5ª Región Militar ratificaba la sanción por “la actuación hostil al Movimiento Nacional”.
Para la ejecución de la sentencia dictada contra Manuel, la Audiencia Territorial de Zaragoza designa al Juez de Instrucción de Ateca, quien a su vez ordenó al juzgado de Villarroya “que se requiera a Manuel Lapeña o a quien legalmente le represente, para que en el término de quince días haga efectiva la sanción de mil pesetas que le ha sido impuesta”.
El día 12 de enero de 1939 y nuevamente el 22 de marzo de 1939 comparece ante el juzgado municipal el padre de Manuel, siendo requerido al pago de las mil pesetas de multa, más 117,70 pesetas de costas. Unos requerimientos humillantes pero infructuosos, pues como señaló el compareciente “le es imposible hacer el pago aunque tendría el deseo de poder hacerlo por tener cuatro criaturas y no tener para mantenerlos.”
Ante el impago, en septiembre de 1939 se acuerda la venta en pública subasta de la finca embargada. La subasta se celebrará el día 16 de enero de 1940 quedando desierta. El mismo resultado se obtendrá en la segunda subasta celebrada en el mes de abril. La finca permanecerá en manos del administrador hasta que en mayo de 1944, se declara el sobreseimiento del expediente dado que los bienes embargados eran inferiores a las 25.000 pesetas que establecía la ley sobre Reforma de la de Responsabilidades Políticas.
Aún debieron pasar 15 años, hasta que en 1959 la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas acordase el indulto de la sanción económica dictada en su día contra Antonio Ramiro, el cual fue comunicado en el juzgado de Villarroya a su hermana Ángeles Lapeña Altabás.
Pero el periplo de los hermanos Lapeña no había finalizado. El 8 de abril de 1959 y sin conocimiento ni autorización de sus familiares, sus restos mortales fueron sacados de la fosa común en la que se encontraban, para ser depositados junto a los de otras 79 personas más en 9 cajas de madera de pino y trasladados al Valle de los Caídos. Según el libro de registro del Valle, estas cajas serán depositadas en el piso 3º de la Cripta del Sepulcro, en la nave derecha de la basílica.
En la década de los 90 del pasado siglo Purificación Lapeña Garrido inicia la búsqueda de los restos de su abuelo Manuel y de su tío abuelo Antonio Ramiro. Tras conocer su paradero arranca un largo proceso judicial en el que consigue el derecho a la recuperación de sus restos mortales. Finalmente, el 17 de julio de 2018 comenzaron los trabajos para la que será la primera exhumación de cadáveres del Valle de los Caídos.
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